viernes, 7 de diciembre de 2007
Visita AMLO Tecamac, Edo. de Méx. 6 de Dic. 2007
jueves, 6 de diciembre de 2007
Juicios sumarios
Eduardo Ibarra Aguirre
A un abogado, economista y político profesional como Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que, además, despacha en Los Pinos desde hace 372 días, es decir: no es un novato, se le puede pedir un mínimo de coherencia política e institucional sin ánimo de amargarle el día. Esto último lo aclaro porque dicen los panistas que lo conocen de cerca: “Es muy pinche rencoroso”.
Lo sea o no, es su problema. Yo vivo de y para la crítica de todo aquello que es público. Lo privado, mientras no sea sobrepuesto a la nación, como lo hizo la célebre pareja presidencial, no es del interés público.
En la euforia del festejo por el primer año de gobierno, Calderón Hinojosa rehusó opinar sobre la práctica absolución de la Suprema Corte de Justicia la Nación a favor de Mario Plutarco Marín Torres, como violador reincidente de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre de 2005, tanto en Cancún, Quintana Roo, como durante el traslado a Puebla de los Ángeles y el encarcelamiento.
Con una fórmula que recuerda los tiempos de la retórica priísta, el de Morelia no quiso rescatar que el 17 de febrero de 2006, cuando saturaba al país de promesas y de propaganda negra suscrita por membretes de Acción Nacional, le sacó una tarjeta roja al góber precioso, le exigió que renunciara y solicitó al Congreso poblano que iniciara un juicio político.
Es de sabios cambiar de opinión. En particular para el inquilino principal de Los Pinos, ávido de alianzas y apoyos priístas. Y 22 meses después da un viraje de 180 grados con el discurso del “respeto absoluto” a la SCJN y también al Poder Legislativo, por supuesto que –voz engolada de por medio: “sin menoscabo de tener yo mi propia opinión, la cual me reservo para precisamente no lesionar una relación institucional y respetuosa entre poderes”.
¿Le interesa a usted, amable lector, la “opinión personal” de alguien que no tiene los tamaños políticos para hacerla del conocimiento de sus gobernados?
Seguramente nadie lo puede demostrar, pero existe la percepción de que el michoacano y el poblano negociaron impunidad –“hoy más fuerte que nunca”, sostienen los investigadores Daniel Márquez Gómez y John Mill Ackerman Rose en el número de Forum de diciembre-- a cambio de apoyos de las bancadas del Revolucionario Institucional, una de ellas bajo la coordinación de Emilio Gamboa Patrón, diputado que en medios periodísticos y llamadas telefónicas se le vincula con pederastas arropados por el poder público.
Sólo que el “absoluto respeto” a los otros poderes de la Unión desapareció de inmediato cuando a Felipe de Jesús Calderón se le atravesó “el presidente Fox”, como lo denomina en agradecimiento perenne y se presume que sin demérito del cargo que desempeña, gracias al guanajuatense que acaba de recibir una puntual crítica de la Fundación Konrad Adenauer, de origen demócratacristiano, porque el ahora vicepresidente de aquella tendencia política “violó las reglas diseñadas para apuntalar la naciente normalidad democrática de México” y “hasta incitó un plan transexenal, como en el pasado, al impulsar la posible candidatura de su esposa Marta Sahagún, y luego la de su amigo Santiago Creel”.
Frente a Vicente Fox Quesada, a quien la Adenauer califica de “intolerante con los adversarios políticos” en 2006, de “cometer terribles errores que él mismo había señalado desde la oposición como inadmisibles” y que buena parte de la opinión pública y publicada señala como súbito enriquecido, junto a familiares y parientes políticos, el egresado de la Libre de Derecho amenaza con que no permitirá “juicios sumarios para satisfacción de revanchas políticas”.
¿En dónde quedó el “absoluto respeto” al Legislativo? La Cámara de Diputados investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ranchero más exitoso del orbe y en Los Pinos nadie tiene derecho a bloquear su trabajo y escamotear la verdad al país.
Acuse de recibo
"Nos vemos indios, haber cuándo se bañan y aprenden a leer", me informan que dijo a manera de despedida Fox Quesada a decenas de asistentes al mitin de cierre de campaña de José Luis Durán Reveles para gobernador del estado de México. El exabrupto fue pronunciado en voz baja, con las ventanas cerradas de la lujosa camioneta y mientras movía la palma de la mano derecha. El bipolar olvidó que lo acompañaban dos reporteras, además de Martha María Sahagún Jiménez y el chofer… Nadín Reyes Maldonado, del Comité Hasta Encontrarlos, recuerda que el 25 de noviembre se cumplieron “seis meses de la desaparición forzada de mi padre Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel A. Cruz Sánchez, sus familiares seguimos exigiendo su presentación con vida y castigo a los responsables de este delito de lesa humanidad”… El lector Pedro Gellert informa que el Encuentro Sindical en Solidaridad con Cuba se efectuará el 10 y 11 de diciembre, a partir de las 11 horas, en el auditorio de la Alianza de Tranviarios de México, ubicada en Dr. Lucio 29, colonia Doctores (cerca de las estaciones del metro Balderas y Cuauhtémoc del DF).
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Boletin informativo ISA No. 282
Servicio informativo núm. 282
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Sumario:
I. Presenta la Secretaría de Salud del gobierno legítimo nuevos elementos sobre fraudes con las credenciales “TUSALUD”.
II. 26 municipios mexiquenes, el objetivo de López Obrador en sus recorridos de esta semana
III. México: reprobado en vivienda, por Laura Itzel Castillo
IV. Paraíso frustrado, por Alejandro Encinas Rodríguez
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PRESENTA LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO LEGÍTIMO NUEVOS ELEMENTOS SOBRE FRAUDES CON LAS CREDENCIALES “TUSALUD”
La Secretaría de Salud del gobierno legítimo de México presentó este día una ampliación de la denuncia entablada el 21 de mayo de 2007 ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), por un presunto daño patrimonial de 368 millones de pesos en perjuicio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud por la compra de las credenciales “TUSALUD” a la empresa Image Technology México SA de CV.
La ampliación de la denuncia, explicó la secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, se hace por la autorización de un aumento en el monto del contrato por 44.2 millones de pesos, de los cuales se tiene documentado el ejercicio de por lo menos 24 millones.
Por otra parte, explicó, se exige que sea incluido en la investigación de la SFP la licitación y ejecución del contrato CNPSS/S/LP/056/06 de 2006, adjudicado a la misma empresa en asociación con Cosmocolor SA de CV.
La funcionaria lopezobradorista expresó que dicho contrato, por un monto de 558.6 millones pesos, se refiere a las mismas credenciales y el llamado proceso de “Enrolamiento (sic) al Seguro Popular”; es decir, existe la presunción de que el daño patrimonial pueda alcanzar un monto cercano a mil millones de pesos.
La denuncia original se refiere a la compra de 3.7 millones de credenciales familiares “TUSALUD” para los afiliados al Seguro Popular. Cabe recordar que esta denuncia obedeció a que las credenciales adquiridas no cumplen con las características reglamentarias y no tendrán ningún uso.
Asimismo, Asa Cristina Laurell manifestó que la licitación correspondiente, ganada por las empresas Image Technology México SA de CV. y E-Siglo SA de CV despertó sospechas entre otros concursantes por parecer hecha a la medida de las empresas vencedoras.
El 31 de mayo de 2007, el Comisionado del Sistema de Protección Social en Salud durante el gobierno de Fox y ex presidente de “Amigos de Fox”, Juan Antonio Fernández, fue inhabilitado por la SFP (expediente 15/2007-BIS) durante 10 años “por abuso de autoridad” y fue multado con 454 mil pesos, recordó Laurell.
Sin embargo, aclaró que la citada inhabilitación fue por un viaje personal y acompañado por su novia, a Singapur y Honolulú, con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre las credenciales “TUSALUD” y el “Enrolamiento” siguen abiertas desde hace meses y no se ha dado ningún fallo.
Por lo tanto, la encargada del área de Salud del gabinete de López Obrador expresó que no existe ninguna sanción administrativa ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estas investigaciones.
Este proceder es igual al que se aplicó a la coordinadora general del Sistema Nacional de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, que fue sancionada con un simulacro de inhabilitación durante 10 años y una multa muy inferior a la que hubiese correspondido al presunto fraude con los recursos del Fonden, observó Laurell.
La simulación y dilación indefinida de la conclusión de las investigaciones sobre fraudes y desviación de recursos y las correspondientes denuncias penales son la estrategia de impunidad que caracteriza a los gobierno de derecha, afirmó, e hizo énfasis en que la investigación de los ciudadanos con el apoyo de la Secretaría de Salud del gobierno legítimo ha puesto de manifiesto la lentitud y virtual inutilidad de la Ley de Transparencia.
Al respecto, Asa Cristina Laurell recordó los lentos procederes del IFAI. Las gestiones formales de información se iniciaron a finales de noviembre del 2006 ante el IFAI. Por las indicaciones recibidas, se reformularon dos nuevas solicitudes el 8 y 9 de marzo de 2007, mismas que a la fecha –nueve meses después– no han recibido respuesta, a pesar de ser las pruebas definitivas –facturas pagadas y bienes entregados– para juzgar este caso.
El IFAI ordenó a la Secretaría de Salud instruir al promovente cómo solicitar esta información, en vista de que había sido mandada a la Secretaría de la Función Pública, misma que el día de ayer pidió prórroga hasta el 21 de enero de 2008, informó.
La Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud invariablemente han solicitado prórroga con la consecuente duplicación de los tiempos de entrega de la información, táctica que implica posponer la entrega de las respuestas 40 días hábiles, agregó.
Después de este plazo, comunicó que ahora responden habitualmente que la información solicitada es inexistente o reservada con base en argumentos mal fundamentados. Esto ha obligado a hacer uso del recurso de revisión ante el IFAI que por regla general implican otros 15 días hábiles, añadió.
Al proceder el recurso de revisión –mencionó—, el IFAI ocupa los 20 días hábiles legales, para posteriormente solicitar prórroga, argumentando falta de elementos para emitir la solución, con lo que se suman otros 20 días hábiles de retraso.
Emitida la resolución del IFAI, la Secretaría de Salud tiene otros 10 días hábiles para cumplir con la resolución del IFAI. De esta manera, se suman 105 días hábiles, lo que se traduce en aproximadamente siete meses, destacó.
Adicionalmente, prosiguió, es frecuente que no se entregue la información completa, por ejemplo, dejando fuera los anexos de un contrato. A raíz de este procedimiento de la SSA, el ciudadano se ve obligado a subdividir el pedido de información en distintas peticiones.
Por ejemplo, respecto al contrato CNPSS/020/07 se han hecho 11 peticiones de información y siete recursos de revisión, mencionó.
Informó que en todos los casos el IFAI ha dictaminado los recursos a favor del promovente. Es decir, las prórrogas, la declaratoria de reserva de la información o su inexistencia sólo ha servido para prolongar los tiempos y evitar responder, acusó.
A raíz de los reiterados obstáculos, una ciudadana promovió ante la Secretaría de la Función Pública, el 29 de octubre de 2007, que sean sancionados los miembros del Comité de Información de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, sin que hasta la fecha exista respuesta alguna.
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26 MUNICIPIOS MEXIQUENES, EL OBJETIVO DE LÓPEZ OBRADOR EN SUS RECORRIDOS DE ESTA SEMANA
En los próximos cuatro días, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, convivirá con los habitantes de 26 municipios del Estado de México.
FECHA: De jueves 06 de diciembre a domingo 09 de diciembre de 2007
ESTADO: ESTADO DE MÉXICO (Apaxco De Ocampo, Tequixquiac, Hueypoxtla, Zumpango de Ocampo, Jaltenco, Santa Ana Nextlalpan, Tecámac de Felipe Villanueva, Temascalapa, Nopaltepec, Axapusco, Otumba de Gómez Farías, San Martín de las Pirámides, Teotihuacan de Arista, Acolman de Nezahualcóyotl, Tezoyuca, Chiconcuac de Juárez, Chiautla, Papalotla, Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Texcoco de Mora, Chalco de Díaz Covarrubias, Valle de Chalco, Los Reyes Acaquilpan, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl)
JUEVES 06 DE DICIEMBRE DE 2007
10:30 horas Mitin en Apaxco De Ocampo
11:40 horas Mitin en Tequixquiac
12:50 horas Mitin en Hueypoxtla
14:00 horas Mitin en Zumpango de Ocampo
16:00 horas Mitin en Jaltenco
17:10 horas Mitin en Santa Ana Nextlalpan
18:20 horas Mitin en Tecámac de Felipe Villanueva
VIERNES 07 DE DICIEMBRE DE 2007
10:30 horas Mitin en Temascalapa
11:50 horas Mitin en Nopaltepec
12:50 horas Mitin en Axapusco
13:50 horas Mitin en Otumba de Gómez Farías
16:00 horas Mitin en San Martín de las Pirámides
17:00 horas Mitin en Teotihuacan de Arista
18:10 horas Mitin en Acolman de Nezahualcóyotl
SÁBADO 08 DE DICIEMBRE DE 2007
10:30 horas Mitin en Tezoyuca
11:35 horas Mitin en Chiconcuac de Juárez
12:40 horas Mitin en Chiautla
13:45 horas Mitin en Papalotla
16:00 horas Mitin en Tepetlaoxtoc de Hidalgo
17:30 horas Mitin en Texcoco de Mora
DOMINGO 09 DE DICIEMBRE DE 2007
11:00 horas Mitin en Chalco de Díaz Covarrubias
12:30 horas Mitin en Valle de Chalco
14:00 horas Mitin en Los Reyes Acaquilpan
16:20 horas Mitin en Chicoloapan
17:25 horas Mitin en Chimalhuacán
18:30 horas Mitin en Nezahualcóyotl
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MÉXICO: REPROBADO EN VIVIENDA
por Laura Itzel Castillo
(publicado en El Gráfico, el 5 de diciembre de 2007)
El pasado 27 de octubre, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) recibió al coordinador de la Alianza Internacional de los Habitantes, Cesare Ottolini, quien emitió un duro pronunciamiento en contra de la política habitacional emprendida en nuestro país a nivel federal.
El encuentro se celebró en el marco de las Jornadas Mundiales “Cero Desalojos”, campaña emprendida a partir de los resolutivos del 4º Foro Social Mundial realizado en Mombay, India, en el año 2004.
Cesare Ottolini se comprometió a llevar el caso México al comité sobre desalojos de las Naciones Unidas, ya que a partir de los problemas derivados de la cartera vencida a causa del desempleo, el Infonavit y la Sociedad Hipotecaria Federal ejercen terrorismo judicial en contra de los trabajadores para despojarlos de su único patrimonio, violando con ello la legalidad internacional, pues en lugar de proveer de casa-habitación a la población de escasos recursos les arrebata su vivienda.
Frente a ello la Alianza Internacional de los Habitantes enviará una misión a México para exigir el pleno cumplimiento del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales signado por nuestro país, que obliga a proteger, promover y ejecutar políticas que tiendan a garantizar el derecho a una vivienda adecuada.
El CDV ha demostrado con evidencias jurídicas la serie de abusos que se cometen, como la venta de la cartera vencida a las empresas transnacionales filiales de Estados Unidos Capmark, Pendulum, Scrap II y Recuperadora de Deuda Hipotecaria, que compran las viviendas en 10% de su valor, es decir, a 20 mil pesos, y las intentan revender a sus auténticos propietarios en más de 700 mil pesos.
Por ello es urgente que se reestructuren las deudas de las familias que se encuentran en cartera vencida, tomando en cuenta su capacidad de pago y que se aplique una tregua judicial para quienes se encuentran en esta situación.
Hasta este momento, a partir de la lucha emprendida por el CDV, se ha logrado frenar la venta de la cartera vencida a particulares y se han detenido los intentos para eliminar los archivos y antecedentes de la venta de los 56 mil créditos que fueron cedidos a las empresas recuperadoras de deuda el pasado mes de febrero de 2006.
Desde aquí convocamos a los lectores a la movilización que se llevará a cabo el próximo lunes 10 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en la sede del Infonavit, ubicada en Barranca del Muerto esquina con Manuel M.
Ponce, en la colonia San José Insurgentes, a tres cuadras del metro Barranca del Muerto. Exigiremos, además, la liberación de Juan Murguía, quien representa el rostro de la represión, como primer preso político a causa de la estrategia antisocial del Infonavit.
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PARAÍSO FRUSTRADO
por Alejandro Encinas Rodríguez
(publicado en El Universal, el 4 de diciembre de 2007)
El próximo 1 de enero se cumplirán 14 de años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. A lo largo de las últimas décadas y durante su proceso de discusión, sus promotores incubaron la falsa ilusión de que la firma conduciría de lleno a nuestro país al primer mundo, a épocas de bonanza en la economía, los negocios y en la calidad de vida.
La fiebre neoliberal invadió los espacios de las políticas y del poder público. Había que acabar —se insistía— con años de paternalismo y tutela estatal, que habían inhibido la iniciativa productiva de los mexicanos, para dar cauce a una economía competitiva, a la par de las grandes potencias del mundo.
Con la apertura comercial, el gobierno mexicano privatizó el patrimonio del país, y si bien en los primeros años se registró un crecimiento en las exportaciones, se crearon nuevos negocios, se abatió la inflación y se redujo el déficit fiscal, el paso de los años y un mercado voraz y desigual llevaron a la quiebra a miles de negocios, al abandono del campo y a la pérdida de empleos, lo que redujo los ritmos de crecimiento económico esperados e incrementó la migración y la concentración del ingreso.
El propio Fondo Monetario Internacional ha reconocido en su informe de octubre pasado que la apertura comercial no generó los beneficios que se esperaban para México, e incluso el Banco Mundial señala que si bien el comercio duplicó su participación en el PIB (de 37% de 1980-1993 a 75.7% en 1994-2000), al igual que la inversión extranjera directa (que pasó de 1.20% a 2.90% como porcentaje del PIB en el mismo periodo), los salarios reales cayeron y la pobreza se incrementó.
Mientras la economía creció en 2.2% en promedio anual entre 1982 y 2006, la Población Económicamente Activa superó los 26 millones de personas, únicamente se generaron poco más de 8 millones de plazas, con lo que el déficit en el empleo formal ascendió a más de 18 millones de personas.
El salario mínimo, que había alcanzado su máximo histórico en 1976 con 53.59 pesos diarios, cayó en 2007 hasta 11.01 pesos diarios (precios de 1994), lo que representa una pérdida acumulada de 79.4%. Situación que se replicó en los salarios contractuales, que perdieron 55.8% de su poder adquisitivo, al pasar de 50.1 pesos diarios en 1982 a 22.1 pesos diarios en 2007 (precios de 1994).
A ello se suma el fracaso de las privatizaciones y de la apertura financiera, que aunado a la desmedida concentración del ingreso en un pequeño grupo de corporaciones, ha llevado a la quiebra de aerolíneas, al rescate carretero, prácticamente a la desaparición del ferrocarril y al control del sistema bancario por instituciones financieras extranjeras.
El traumático despertar de 1994 trajo consigo el levantamiento indígena en Chiapas y uno de los años más dolorosos para nuestro país. El asesinato del candidato presidencial del PRI —entonces partido en el gobierno—, el homicidio posterior de su dirigente nacional, y los errores cometidos en el manejo de la economía en diciembre de ese año, evidenciaron la precariedad de la economía y la sociedad mexicanas.
En enero de 2008 entrarán en vigor nuevas disposiciones de este acuerdo con la apertura a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, las cuales encontrarán un campo fragmentado social y productivamente, y con ello, de nuevo, la evidencia de la enorme asimetría entre las economías de los países asociados y la discrecionalidad con que los “socios” subsidian a sus productores agrícolas, lo que redundará en el incremento de la desigualdad y en una mayor brecha económica que, lejos de integrar a los países de la región, los divide.
Ya en los años 50, durante la creación de la Comunidad Económica Europea, Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía 1974, sostenía que “la integración económica internacional, como la integración nacional, es un problema mucho más amplio que el comercio y aun la economía. Incluye problemas de cohesión social y de solidaridad internacional practica”. El comercio, insistía, “por sí solo no aporta ninguna solución a este problema, y la liberalización del comercio que ha tenido lugar realmente ha tendido a perpetuar, cuando no a aumentar, esta desigualdad”.
Esta situación implica reconocer que una condición en la integración económica entre países o regiones es establecer contrapesos a las asimetrías dentro de la misma región y el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Por ello, la oferta de alcanzar un desarrollo a la par del primer mundo con la apertura comercial ha sido una promesa frustrada.
miércoles, 5 de diciembre de 2007
En Machetearte hablan del caso Lydia Cacho
La Insoportable Levedad de la Justicia
Alberto Híjar.
Leves los daños a Lidia Cacho antes, durante y después de las veinte horas de recorrido desde Cancún hasta Puebla para ser escarmentada por andar divulgando la pederastia de los poderosos empresarios Kamel Nacif y Jan Succar Kuri, grandes amigos y compañeros de francachelas del gobernador de Puebla. Usted sabe, una cosa va con la otra, los grandes negocios se pactan previos regalos a los funcionarios y nunca sobra una fiesta privada convocada con claves que consolidan los entendimientos. Por ejemplo, botellas de cognac fino puede equivaler a suculentas adolescentes o niñas para el gozo sexual de quienes no dudan en compartir placeres prohibidos con los que autorizan todo.
Moción de procedimiento, alegaron los magistrados que exculpan a Mario Plutarco Marín Torres. No valen los telefonemas interceptados donde se inmortalizó el mote de Gober precioso a cambio de darle escarmiento a la “vieja cabrona” a la que hay que dar “un pinche coscorrón”. Tampoco cuenta el testimonio de la periodista y las evidencias de pederastia sólo la salvaron de la acusación de calumniadora. Algunas víctimas infantiles y sus familias fueron intimidadas y sobornadas para desistirse y exculpar a involucrados como Emilio Gamboa Patrón, Fidel Herrera, Miguel Angel Yunes.
Todo es leve, pasa, no amerita proceso alguno. Las garantías individuales no fueron violadas, dictaminaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos. Lo contrario defendieron en vano el ponente Juan N. Silva Mesa, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Figuras y figurillas, dice Julius Fusik en espera de su ejecución en el campo de exterminio de Pancrak en 1940: hay que tener presentes a los héroes, a los seres dignos y tampoco hay que olvidar a los miserables, a los infames, a los traidores.
Dos medidas están en juego. Esta protectora de ricos y poderosos y la que inculpa insurgentes que ya fue probada en Atenco y en Oaxaca. Nada sirvieron las evidencias habladas, escritas y filmadas de los violentísimos maltratos policíacos, las narraciones entrecruzadas del hacinamiento de cuerpos sangrantes, los excesos sexistas de los captores, las violaciones con macanas y palos y con el miembro adecuado, las muertes por balazo del jovencito Cortés y del universitario Alexis Benhumea, la cárcel que sufren la familia Selvas para el doctor y su hija Mariana y los otros presos. No hubo pruebas sino para considerar leves los daños que llegaron hasta el encadenamiento de los heridos hospitalizados. Fue tan leve el daño, que algunos policías sacrificados al azar con un principio de proceso, fueron liberados con una corta fianza pagada por el gobierno del petimetre Peña Nieto.
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Suprema Corte de Chatarra
Por Erick Amin Mejia Cervantes
Al ala conservadora de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le importo un sorbete la voluntad popular y las abundantes evidencias con su negativa del recuento total de votos y validación de la fraudulenta elección presidencial de 2006, al negarse a castigar a los responsables de la represión contra manifestantes de Atenco; a todo ello se ha sumado el caso de Lidia Cacho , para despejarnos cualquier duda que esta nauseabunda institución es el máximo estandarte de la justicia selectiva. Para unos es prueba de la supuesta concertacesión para dejar en paz al miserable Marín a cambio del reconocimiento priísta de FeCal. Recordemos que el Gober prometió a Kamel Nacif usar su poder para reprimir a la periodista que denunció al presunto pederasta Succar Kuri y lo asocio a aquel en Los Demonios del Edén.
La ministra Luna Ramos enfatizó que el gobernador Marín no orquestó ningún agravio contra la periodista Cacho y pronunció su rollo demagógico sobre su presunta aplicación estricta de la ley. Mientras tanto Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío juzgaron que si había responsabilidad del Precioso ( La Jornada 30/11/07). Se señaló que: “La decisión de la SCJN fue una bofetada al periodismo”. Se confirma que “el máximo aparato institucional de impartición de justicia está controlado por una pandilla filopanista capaz de las peores aberraciones” ( Astillero, La Jornada 30/11/07). Desde poco antes ya se había descartado el apoyo de Marín a pederastas, sólo quedaba inculparlo de violaciones a los derechos humanos de Cacho Riveiro. Ahora, en el cenáculo de Ortiz Mayagoitia se argumentó que las grabaciones del Gober Precioso no tienen validez para inculparlo por ser ilegales, aunque fueran pruebas tangibles, se descartaron las investigaciones judiciales de otros ministros.
Hay que recordar que Marín desde el principio intento convencer cínicamente de que esas conversaciones eran falsas y que mientras hablaba en aquella tangible llamada (donde parecía que hablaban dos vulgares borrachitos) mencionaba la aplicación de la ley . Y , de la misma manera en que se reconocieron en la elección fraudulenta la intervención de Fox y del CCE aquí observaron algunas irregularidades en su detención “que no eran graves”. Muchos argumentos, mucha retórica, al final se impusieron los intereses del grupo conservador mayoritario, ahora tenemos una idea de lo que sucederá con el sátrapa Ulises Ruiz y la comisión investigadora de los presuntos ilícitos de Fox, ante una SCJ de chatarra.
Además de las vejaciones a Lidia Cacho y el apoyo al pederasta también se puso de relieve que el gobernador de Puebla tiene la facultad de mover las piezas del ajedrez a su antojo. Por suerte Cacho, arrojada luchadora anticorrupción, es una persona muy decidida que no conoce la palabra imposible y ha planteado llevar el caso a instancias internacionales.
Denise Dresser opina caso Lydia Cacho
3 Dic. 07
Hay golpes en la vida, tan fuertes. Golpes como del odio de Dios, escribía César Vallejo. Golpes como los que seis ministros de la Suprema Corte acaban de propinarle al país. Heridas como la que el máximo tribunal acaba de infligirse a sí mismo al declarar que las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho fueron inexistentes o poco graves. Al sugerir que la última instancia a la que un ciudadano puede recurrir no funciona para él o para ella. Al transformar el sufrimiento de niños y niñas víctimas de la pederastia en una anécdota más. Al convertir su veredicto en confabulario de gobiernos corruptos, empresarios inmorales, criminales organizados. Y así como un agente judicial le dijo a Lydia Cacho durante su "secuestro legal": "Qué derechos ni qué chingados", la Suprema Corte acaba de decirle lo mismo a los habitantes del país. Ustedes y yo, desamparados por quienes deberían proteger nuestros derechos, pero han decidido que no les corresponde velar por ellos.
Al votar como lo ha hecho, la mayoría de los ministros acaba de darle una estocada a la Corte de la que tomará años en recuperarse, si es que alguna vez logra hacerlo. Porque su resolución va a ocupar un lugar deshonroso en la historia constitucional de México, similar al que ocupa el caso Dred Scott en la historia constitucional de Estados Unidos. Ese caso en el que la Corte intentó imponer una solución judicial a un problema político; ese caso del año 1856 en el cual declaró -también "conforme a derecho"- que la esclavitud tenía fundamento legal y que como Dred Scott era un esclavo, carecía de derechos y la Corte no tenía jurisdicción para intervenir en su favor. Ese caso que hasta el día de hoy se considera una mancha imborrable, una vergüenza compartida, una herida autoinfligida.
Sablazo similar al que producen los seis ministros que se vanaglorian de empatía y sensibilidad, pero en sus argumentos públicos no las demuestran. Ingenuos o cínicos cuando sugieren que su resolución no deriva en impunidad y que "otras instituciones" podrían investigar el caso, a sabiendas de que llegó a sus recintos precisamente porque eso jamás iba a ocurrir. Contradictorios o deshonestos cuando desechan el caso argumentando que la grabación telefónica entre Kamel Nacif y Mario Marín no tiene valor probatorio alguno, e ignoran la investigación exhaustiva de mil 251 páginas que confirma su contenido. Insensibles o autistas cuando optan por descartar los 377 expedientes relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores. Cómplices involuntarios o activos cuando afirman actuar en función del "interés superior" y éste resulta coincidir con los intereses del gobernador y sus amigos. Representantes del peor tipo de paternalismo cuando declaran -en un comunicado lamentable- que sus sofisticadas decisiones no resultan de "fácil comprensión" para grupos muy numerosos de la sociedad.
Seis ministros acaban de destruir la magnífica ilusión -alimentada por su actuación ante la Ley Televisa- de que la Corte opera en un plano moral superior a la mayoría de los mexicanos y se aboca a defenderlos. Cómo creer que han puesto "lo mejor de sí mismos para servir correctamente al país" si allí están las carcajadas del ministro Ortiz Mayagoitia. Las descalificaciones del ministro Aguirre. Los vaivenes argumentativos de Olga Sánchez Cordero. La relativización de la tortura avalada por Mariano Azuela porque el caso de Lydia Cacho no fue "excepcional" o "extraordinario". El consenso de todos ellos en cuanto a que quizás hubo violaciones pero fueron menores, no graves, resarcibles, quizás indebidas pero no meritorias de la atención de la Corte. O como lo preguntó el ministro Aguirre: "Si a miles de personas las torturan en este país. ¿De qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?"
Quizás sólo quede demostrada alguna vez la violación de garantías individuales en México cuando a la esposa de algún ministro la trasladen sin el debido due process durante 23 horas de un estado a otro. Cuando a la madre de algún juez le digan que sólo le darán de comer si le hace sexo oral a los agentes judiciales que la han secuestrado. Cuando a la hermana de algún magistrado importante le metan una pistola a la boca y le susurren al oído "tan buena y tan pendeja; pa' qué te metes con el jefe ... va a acabar contigo". Cuando a la hija de algún abogado le cobren una fianza excesiva para dejarla salir de la cárcel o amenacen con violarla allí o la sometan a entrevistas intimidatorias o un gobernador le dé un buen "coscorrón". Cuando a la nuera de algún político le digan sus torturadores "Ten tu medicina aquí ... un jarabito, quieres?", mientras se soban los genitales. Cuando a la nieta de alguna procuradora la viole un pederasta protegido por un "Estado de derecho" puesto al servicio de los poderosos que casi siempre ganan. Cuando alguno de ellos -lamentablemente- sea víctima de un sistema judicial podrido y no antes. Sólo así.
Y bueno, la Suprema Corte se pega a sí misma, pero el peor golpe se lo da a la nación al demostrar cuán lejos está de ser un garante agresivo e independiente de los derechos constitucionales. Cuán lejos se encuentra de entender el maltrato sistemático de millones de mexicanos vejados por el sistema judicial y aplastados por las alianzas inconfesables del sistema político. Así como Kamel Nacif llama "pinche vieja" a Lydia Cacho", la mayoría de la Suprema Corte acaba de llamarnos "pinches ciudadanos" a ustedes y a mí. Acaba de mandar el mensaje de que no la molestemos con asuntos tan poco importantes como la defensa de las garantías individuales, porque está demasiado ocupada validando los intereses de empresarios poderosos y sus aliados en otras ramas del gobierno.
Quizás por ello en el libro Memorias de una infamia, Lydia Cacho escribe: "Mi país me da pena. Lloro por mí y por quienes tienen poder para cambiarlo pero eligen perpetuar el statu quo". Y lloramos contigo Lydia -nuestra Lydia- pero rehusamos rendirnos aunque seis ministros de la Corte lo hayan hecho. Porque tienes razón: México es más que un puñado de gobernantes corruptos, de empresarios inmorales, de criminales organizados, de jueces autistas. México es el país de quienes luchan terca e incansablemente por devolverle un pedacito de su dignidad. Y aunque la Corte rehúse asumir el papel que le corresponde ante esta causa común, hay muchos ciudadanos que comparten la convicción -junto con el ministro Juan Silva Meza- "de que en un Estado constitucional y democrático, la impunidad no tiene cabida".
martes, 4 de diciembre de 2007
La Verdad Sea Dicha 48, 04 Diciembre 2007.
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