México, D.F; 14 de enero de 2008
ROCIO GONZÁLEZ: Muy buenas tardes a todas y a todos, a partir del día de hoy ésta sería la primera de varias conferencias que se estarán ofreciendo por Alejandro Encinas, candidato a la presidencia de del Partido de la Revolución Democrática. Ya Alejandro explicará el motivo de esta primera conferencia, de los temas que se irán abordando a lo largo de estas semanas, y evidentemente el por qué de la realización de las mismas, como parte del uso que se le pueda dar a los espacios, en este caso del Partido de la Revolución Democrática.
Paso el micrófono a Alejandro, quien abordará varios temas, haremos una ronda de preguntas. Les pediré solamente, ya posterior a su exposición, que nos hagan el favor de presentarse al dar el nombre del medio del que vienen, para que nos vayamos conociendo. Muchas gracias por su presencia.
ALEJANDRO ENCINAS: Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer la atención que han tenido a esta convocatoria, a la primera conferencia de prensa que de manera formal realizo en el contexto del proceso de renovación de la dirección estatal y de la dirección nacional de mí partido, el Partido de la Revolución Democrática.
Vamos a dar una conferencia de prensa todos los lunes a lo largo del proceso electoral, con la sola excepción del próximo lunes 21, que será el día del registro y que tendremos un acto particular en el inicio de campaña. Esta decisión la hemos tomado particularmente por la solicitud que varios medios de comunicación nos han hecho para mantener una relación formal, periódica, regular y, por supuesto, dando a conocer nuestros puntos de vista y nuestro posicionamiento sobre distintos problemas, tanto del ámbito de la vida del Partido de la Revolución Democrática como de la política nacional e incluso internacional.
En segundo lugar, yo quiero agradecer que se abran las puertas de estas oficinas de la sala de prensa de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, ya que si bien se establece claramente en los estatutos que todos los miembros del partido podemos hacer uso de sus instalaciones, yo creo que además de que es un asunto estatutario es algo muy positivo y muy sano.
Espero que el resto de nuestros compañeros, de mis compañeros y amigos candidatos, tanto la presidencia nacional como las direcciones estatales ocupen de igual manera estas instalaciones y los espacios del partido, porque esto va a ayudar indudablemente, no solamente a darle más vida y más fuerza institucional a la campaña, sino también a hacer que sea en los espacios del partido donde se debatan las ideas, las propuestas y los planteamientos.
Yo espero que los demás candidatos y candidatas a los distintos cargos hagan lo mismo, yo voy a hacer un esfuerzo para que la mayor parte de mis actividades en el proceso electoral se realicen en las instalaciones de mi partido, en los municipios, en los estados y aquí en el ámbito nacional. El sábado mismo, algunos de ustedes tienen información de la reunión que realicé en el estado de Michoacán, fue en las propias oficinas del PRD. Creo que hay que venir a fortalecer este tipo de vida institucional dentro de mí partido.
En tercer lugar, quiero adelantar que en este espacio vengo a hacer planteamientos, vengo a hacer propuestas y a manifestar mis ideas, no vengo a generar conflictos, ni a la diatriba, ni a desmeritar el proceso electoral del partido, mucho menos la imagen de mi partido, ni de ningún militante o miembro del mismo.
Voy a hacer una campaña que privilegie el dialogo y las ideas, las propuestas, todos mis compañeros, y especialmente mi partido, me merecen respeto, y en este espacio haremos justamente la exposición y la presentación de mis propuestas y de mis planteamientos. No voy a alentar una campaña fraticida sino, por el contrario, mi campaña es una campaña de unidad que promoverá la unidad de mi partido, la restitución de la vida democrática e institucional, y particularmente la recuperación de la iniciativa del PRD en el debate de los grandes problemas nacionales.
Así es, si bien atenderé muchas de las preocupaciones y de los temas internos del partido, voy a poner énfasis en los problemas nacionales, en los problemas que vive nuestro país y sus distintas regiones. Por eso el día de hoy me voy a referir fundamentalmente a dos aspectos sobre los cuales quiero manifestar mi punto de vista, que es el que compartimos la mayoría de los integrantes de la Coalición de Izquierda Unida, pero también mi punto de vista personal.
Lo primero es que quiero manifestar mi pleno respaldo y solidaridad con los trabajadores, con el sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de Cananea, quienes han sido objeto de una arbitrariedad y de una acción profundamente ilegal. Porque aun y cuando no se había cumplido el término legal que se había establecido por parte de las autoridades que declararon la inexistencia de la huelga, se intervino de manera violenta, en un acto represivo y violatorio no sólo de garantías individuales, sino también fundamentalmente del derecho de huelga a los trabajadores.
Creo que esta arbitrariedad puede subsanarse, no solamente si se cumple estrictamente la suspensión provisional, el amparo que se ha otorgado a favor de los trabajadores huelguistas, sino también la autoridad laborar, particularmente la autoridad judicial y frenen todos los intentos de aliento del esquirolaje y de ruptura de huelga por parte de la empresa.
Hoy mismo sigue llegando la información de que se ofrecen 15 mil pesos a los trabajadores que regresen a laborar, a pesar de que el amparo y la suspensión provisional está otorgada. Y también hoy mismo se mantiene la ocupación por las fuerzas federales de apoyo y la policía del estado, cuando la suspensión provisional garantiza el mantener el ejercicio de huelga.
En ese sentido, nuestra solidaridad, no solamente hemos enviado un comunicado a los mineros en esa entidad, sino que haremos en seguimiento de todo este proceso buscando siempre la defensa y el derecho de asociación sindical, el estricto reconocimiento a la autonomía de estas organizaciones y el respeto a la ley en el ejercicio pleno de los derechos laborales, y particularmente el derecho de huelga.
En segundo lugar, quisiéramos expresar nuestra opinión respecto a la entrada en vigencia de la cláusula en materia del Tratado de Libre Comercio que permite la liberación comercial de los principales productos agropecuarios y de importación a nuestro país.
Como ustedes han sido testigos, distintos personeros del gobierno ilegitimo han insistido en que la apertura comercial ha sido benéfica para nuestro país. Se nos han dado datos de carácter general en los que, por supuesto, tomando algunos indicadores que han tenido comportamientos positivos en el ámbito macroeconómico, podrían reflejar algunos beneficios con la apertura de nuestro país.
Hay algunos claros, como es el caso de que se duplicó la participación del comercio en el Producto Interno Bruto, que pasó de 1980 a 1993 del 37% al 75.7%, entre 1994 y el 2000 no han dado el dato oficial. Habrá otros datos que dirá que el reflejo de este beneficio es como inversión extranjera directa como parte del Producto Interno Bruto pasó del 1.20% al 2.90% como porcentaje del PIB.
Pero lo cierto es que los datos más duros y que ha dado a conocer de manera muy puntual, inclusive el Banco Mundial, reconocen que mientras la economía creció al 2.2% en promedio anual entre 1982 y el 2006, la población económicamente activa superó los 26 millones de personas, con los que se generaron solamente en este periodo de la apertura comercial ocho millones de plazas, por lo que el déficit en materia de empleo formal en el periodo de gestión del Tratado de Libre Comercio ascendió ha más de 18 millones de personas.
Esto ha sido acompañado de un deterioro profundo de los salarios en nuestro país. Por ejemplo, el salario mínimo, que en 1976 había alcanzado su máximo histórico con $53.59 diarios, cayó, a precios de 1994, a $11.01 en el 2007. Es decir, en este periodo de gestión del Tratado de Libre Comercio los salarios mínimos cayeron 79.4% en términos reales.
Ha habido algunos servidores públicos que dicen que el mejor indicador no son los salarios mínimos sino los salarios contractuales. Pero también en el caso de los salarios contractuales perdieron el 58.85 por ciento de su poder adquisitivo, al pasar de $50.01 diarios en 1982 a $22.01 diarios en 2007, esto a precios de 1994.
Si esta situación en términos generales es grave y delicada para el país, lo es más aún para la población rural, para la sociedad rural y para la actividad en México. Y aquí valdría la pena retomar algunas de las discusiones que ya señalábamos desde 1981.
A mi no me gusta presumir, pero yo, por ejemplo, en 1981, en este libro que se llama “La disputa por los mercados: Tratado de Libre Comercio y sector agropecuario”, que me tocó coordinar y que fue publicado por la Cámara de Diputados y por la editorial Diana, esto ya lo sacamos en el 94, retomé una de las ponencias que yo presenté en 1991 cuando estaba la discusión del Tratado de Libre Comercio e insistíamos en la enorme disparidad que existía en el campo. Ahí luego les presumo otro que también sacamos: “El campo mexicano en el umbral del siglo XXI”, también de su servidor.
No estamos inventando cifras, es algo que conocemos desde hace tiempo. Pero yo recuerdo y tengo muy presente cómo el 21 de agosto de 1991, el Secretario de Comercio, quien entonces era Jaime Serra Puche, afirmó, y lo retomo del evento donde se dio a conocer esta conclusión de los resultados de la negociación, afirmó que el campo mexicano contaría con un plazo suficientemente largo para lograr un ajuste equilibrado, garantizando el acceso libre de las exportaciones libres a los Estados Unidos y al Canadá, dando certidumbre a los productores mexicanos.
Insistió en que se aseguraría el acceso a insumos en condiciones de competitividad internacional, y se establecería un sistema de apoyos directos para sustituir los mecanismos de protección comercial, propiciando un cambio de cultivos hacia aquellos que generan mayores ingresos.
Estos fueron los seis puntos a partir de los cuales los negociadores del gobierno federal aceptaron entrar a un proceso de negociación de sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio. Ninguno de esos seis puntos se cumplió, no se logró el equilibrio esperado ni se garantizó el acceso libre a las importaciones a Estados Unidos ni a Canadá, al grado de que hoy el déficit en la balanza comercial agropecuaria es de 2 mil millones de dólares anuales.
Ya en aquellos años hablábamos de las enormes disparidades en la competitividad. En 1991, para que se den cuanta de la enorme disparidad no solamente en nuestras economías, sino entre nuestras culturas, en 1991 yo insistí en que era imposible competir con el nivel de asimetrías que teníamos en el campo.
Por ejemplo, en ese año de 1991, en Estados Unidos dos millones y medio de productores cultivaban 26 millones de hectáreas de maíz, con rendimientos de 7.48 por toneladas por hectárea, mientras que en México 2 millones setecientos mil productores, es decir 200 mil productores más cosechaban 6 millones 800 mil hectáreas, muy por debajo de los más de 26 millones que se cultivaban en Estados Unidos y con un rendimiento de 1.07 toneladas por hectárea. Es decir, cinco veces y media menor al del Estados Unidos.
Y esto, evidentemente, da cuenta que es muy difícil no solamente las condiciones de competencia, sino cumplir con esas premisas que se habían establecido, y esto trajo consigo cambios, además, de un escenario desfavorable, cambios en nuestra legislación de nuestro país. La firma del Tratado implicó reformas en el marco legal, su alineamiento a los principios de liberación del comercio, el retiro del Estado del fomento rural, la privatización de empresas y la contracción del gasto.
Esto significó el desmantelamiento de todas las instituciones de fomento al desarrollo rural. Ustedes recordarán cómo desapareció básicamente PORUCONSA, CONASUPO, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, cómo se desplomó la actividad del Banco Rural (BANRURAL), cómo los institutos de capacitación y desarrollo tecnológico prácticamente desaparecieron. Y dentro de los aspectos que se desmantelaron de las instituciones al fomento rural eliminaron los precios de garantía y se retiraron los subsidios, mientras que en los Estados Unidos y en Canadá se incrementaron los subsidios a los productores agrícolas.
De acuerdo a un dato de la OCDE, no son datos del PRD, los subsidios del gobierno de los Estados Unidos a sus agricultores representan un promedio de 21 mil dólares anuales por productor, mientras en México no llega ni a 700 dólares. Los subsidios totales a los productores de Estados Unidos son del orden de 99 mil millones de dólares al año, mientras que el presupuesto total para el campo mexicano para este año 2008 asciende a 19 mil millones de dólares.
Es decir, solamente hay una defensa de 70 mil millones de dólares entre lo que son los subsidios a los productores estadounidenses frente al presupuesto total del sector desarrollo rural, que implica hasta los gastos de operación, los adeudos de todos los funcionarios. En este mismo escenario, el gobierno mexicano no cobró los aranceles establecidos en el Tratado de Libre Comercio.
En esta lógica de hacer más competitivas y equilibradas agriculturas se abrió un plazo de 14 años donde se iban a cobrar aranceles a las importaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos a México, y el gobierno federal no los cobró. La pérdida de estos aranceles no cobrados a las importaciones de maíz significaron más de cuatro mil millones de dólares, que es el mismo monto del presupuesto total a la SAGARPA el año 2006, el año pasado. Y estos recursos, más de cuatro mil millones de dólares para aranceles, estaban previstos canalizarlos a la reactivación de la actividad productiva en el campo mexicano.
Esto ha traído consecuencias gravísimas. De acuerdo a cifras oficiales, se perdieron 2 millones de empleos en agricultura, la exportación que tanto dijimos que íbamos a competir a grandes niveles se encontró en 5% de las unidades productivas del sector rural, solo el 5% de las tierras cultivadas, el campo mexicano están en el proceso de exportación.
El Banco Mundial reconoce que los índices de indigencia en el agro mexicano superan a los de hace una década, por lo que hoy ocho de cada 10 campesinos se encuentran en condición de pobreza. Se ha venido perdiendo la seguridad lamentaría y la seguridad campesina.
Durante la última década la importación de maíz pasó del 3 al 50 por ciento del consumo. La importación de soya actualmente es del 95 por ciento del consumo nacional; lo mismo sucede en el trigo, con el 57 por ciento, y en la carne el 50 por ciento de la carne que se consume en México, así como el 50 y 30 por ciento del fríjol que consumimos.
Agencias de los Estados Unidos indican que el comercio entre ambos países sólo hubiera sido 3 por ciento menor sin el Tratado de Libre Comercio, y las exportaciones, que se habían anunciado se iban a diversificar, se han concentrado fundamentalmente en tomate, en tequila y en un reducido número de hortalizas. Y estas exportaciones las realizan fundamentalmente 20 grandes corporaciones, que son: Bachoco, Monsanto, Bimbo… prácticamente empresas con connotación extranjera.
¿Qué hacer ante esta situación? Yo tengo tres propuestas puntuales......
ROCIO GONZÁLEZ: Muy buenas tardes a todas y a todos, a partir del día de hoy ésta sería la primera de varias conferencias que se estarán ofreciendo por Alejandro Encinas, candidato a la presidencia de del Partido de la Revolución Democrática. Ya Alejandro explicará el motivo de esta primera conferencia, de los temas que se irán abordando a lo largo de estas semanas, y evidentemente el por qué de la realización de las mismas, como parte del uso que se le pueda dar a los espacios, en este caso del Partido de la Revolución Democrática.
Paso el micrófono a Alejandro, quien abordará varios temas, haremos una ronda de preguntas. Les pediré solamente, ya posterior a su exposición, que nos hagan el favor de presentarse al dar el nombre del medio del que vienen, para que nos vayamos conociendo. Muchas gracias por su presencia.
ALEJANDRO ENCINAS: Muy buenos días a todas y a todos ustedes. En primer lugar quiero agradecer la atención que han tenido a esta convocatoria, a la primera conferencia de prensa que de manera formal realizo en el contexto del proceso de renovación de la dirección estatal y de la dirección nacional de mí partido, el Partido de la Revolución Democrática.
Vamos a dar una conferencia de prensa todos los lunes a lo largo del proceso electoral, con la sola excepción del próximo lunes 21, que será el día del registro y que tendremos un acto particular en el inicio de campaña. Esta decisión la hemos tomado particularmente por la solicitud que varios medios de comunicación nos han hecho para mantener una relación formal, periódica, regular y, por supuesto, dando a conocer nuestros puntos de vista y nuestro posicionamiento sobre distintos problemas, tanto del ámbito de la vida del Partido de la Revolución Democrática como de la política nacional e incluso internacional.
En segundo lugar, yo quiero agradecer que se abran las puertas de estas oficinas de la sala de prensa de nuestro Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, ya que si bien se establece claramente en los estatutos que todos los miembros del partido podemos hacer uso de sus instalaciones, yo creo que además de que es un asunto estatutario es algo muy positivo y muy sano.
Espero que el resto de nuestros compañeros, de mis compañeros y amigos candidatos, tanto la presidencia nacional como las direcciones estatales ocupen de igual manera estas instalaciones y los espacios del partido, porque esto va a ayudar indudablemente, no solamente a darle más vida y más fuerza institucional a la campaña, sino también a hacer que sea en los espacios del partido donde se debatan las ideas, las propuestas y los planteamientos.
Yo espero que los demás candidatos y candidatas a los distintos cargos hagan lo mismo, yo voy a hacer un esfuerzo para que la mayor parte de mis actividades en el proceso electoral se realicen en las instalaciones de mi partido, en los municipios, en los estados y aquí en el ámbito nacional. El sábado mismo, algunos de ustedes tienen información de la reunión que realicé en el estado de Michoacán, fue en las propias oficinas del PRD. Creo que hay que venir a fortalecer este tipo de vida institucional dentro de mí partido.
En tercer lugar, quiero adelantar que en este espacio vengo a hacer planteamientos, vengo a hacer propuestas y a manifestar mis ideas, no vengo a generar conflictos, ni a la diatriba, ni a desmeritar el proceso electoral del partido, mucho menos la imagen de mi partido, ni de ningún militante o miembro del mismo.
Voy a hacer una campaña que privilegie el dialogo y las ideas, las propuestas, todos mis compañeros, y especialmente mi partido, me merecen respeto, y en este espacio haremos justamente la exposición y la presentación de mis propuestas y de mis planteamientos. No voy a alentar una campaña fraticida sino, por el contrario, mi campaña es una campaña de unidad que promoverá la unidad de mi partido, la restitución de la vida democrática e institucional, y particularmente la recuperación de la iniciativa del PRD en el debate de los grandes problemas nacionales.
Así es, si bien atenderé muchas de las preocupaciones y de los temas internos del partido, voy a poner énfasis en los problemas nacionales, en los problemas que vive nuestro país y sus distintas regiones. Por eso el día de hoy me voy a referir fundamentalmente a dos aspectos sobre los cuales quiero manifestar mi punto de vista, que es el que compartimos la mayoría de los integrantes de la Coalición de Izquierda Unida, pero también mi punto de vista personal.
Lo primero es que quiero manifestar mi pleno respaldo y solidaridad con los trabajadores, con el sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de Cananea, quienes han sido objeto de una arbitrariedad y de una acción profundamente ilegal. Porque aun y cuando no se había cumplido el término legal que se había establecido por parte de las autoridades que declararon la inexistencia de la huelga, se intervino de manera violenta, en un acto represivo y violatorio no sólo de garantías individuales, sino también fundamentalmente del derecho de huelga a los trabajadores.
Creo que esta arbitrariedad puede subsanarse, no solamente si se cumple estrictamente la suspensión provisional, el amparo que se ha otorgado a favor de los trabajadores huelguistas, sino también la autoridad laborar, particularmente la autoridad judicial y frenen todos los intentos de aliento del esquirolaje y de ruptura de huelga por parte de la empresa.
Hoy mismo sigue llegando la información de que se ofrecen 15 mil pesos a los trabajadores que regresen a laborar, a pesar de que el amparo y la suspensión provisional está otorgada. Y también hoy mismo se mantiene la ocupación por las fuerzas federales de apoyo y la policía del estado, cuando la suspensión provisional garantiza el mantener el ejercicio de huelga.
En ese sentido, nuestra solidaridad, no solamente hemos enviado un comunicado a los mineros en esa entidad, sino que haremos en seguimiento de todo este proceso buscando siempre la defensa y el derecho de asociación sindical, el estricto reconocimiento a la autonomía de estas organizaciones y el respeto a la ley en el ejercicio pleno de los derechos laborales, y particularmente el derecho de huelga.
En segundo lugar, quisiéramos expresar nuestra opinión respecto a la entrada en vigencia de la cláusula en materia del Tratado de Libre Comercio que permite la liberación comercial de los principales productos agropecuarios y de importación a nuestro país.
Como ustedes han sido testigos, distintos personeros del gobierno ilegitimo han insistido en que la apertura comercial ha sido benéfica para nuestro país. Se nos han dado datos de carácter general en los que, por supuesto, tomando algunos indicadores que han tenido comportamientos positivos en el ámbito macroeconómico, podrían reflejar algunos beneficios con la apertura de nuestro país.
Hay algunos claros, como es el caso de que se duplicó la participación del comercio en el Producto Interno Bruto, que pasó de 1980 a 1993 del 37% al 75.7%, entre 1994 y el 2000 no han dado el dato oficial. Habrá otros datos que dirá que el reflejo de este beneficio es como inversión extranjera directa como parte del Producto Interno Bruto pasó del 1.20% al 2.90% como porcentaje del PIB.
Pero lo cierto es que los datos más duros y que ha dado a conocer de manera muy puntual, inclusive el Banco Mundial, reconocen que mientras la economía creció al 2.2% en promedio anual entre 1982 y el 2006, la población económicamente activa superó los 26 millones de personas, con los que se generaron solamente en este periodo de la apertura comercial ocho millones de plazas, por lo que el déficit en materia de empleo formal en el periodo de gestión del Tratado de Libre Comercio ascendió ha más de 18 millones de personas.
Esto ha sido acompañado de un deterioro profundo de los salarios en nuestro país. Por ejemplo, el salario mínimo, que en 1976 había alcanzado su máximo histórico con $53.59 diarios, cayó, a precios de 1994, a $11.01 en el 2007. Es decir, en este periodo de gestión del Tratado de Libre Comercio los salarios mínimos cayeron 79.4% en términos reales.
Ha habido algunos servidores públicos que dicen que el mejor indicador no son los salarios mínimos sino los salarios contractuales. Pero también en el caso de los salarios contractuales perdieron el 58.85 por ciento de su poder adquisitivo, al pasar de $50.01 diarios en 1982 a $22.01 diarios en 2007, esto a precios de 1994.
Si esta situación en términos generales es grave y delicada para el país, lo es más aún para la población rural, para la sociedad rural y para la actividad en México. Y aquí valdría la pena retomar algunas de las discusiones que ya señalábamos desde 1981.
A mi no me gusta presumir, pero yo, por ejemplo, en 1981, en este libro que se llama “La disputa por los mercados: Tratado de Libre Comercio y sector agropecuario”, que me tocó coordinar y que fue publicado por la Cámara de Diputados y por la editorial Diana, esto ya lo sacamos en el 94, retomé una de las ponencias que yo presenté en 1991 cuando estaba la discusión del Tratado de Libre Comercio e insistíamos en la enorme disparidad que existía en el campo. Ahí luego les presumo otro que también sacamos: “El campo mexicano en el umbral del siglo XXI”, también de su servidor.
No estamos inventando cifras, es algo que conocemos desde hace tiempo. Pero yo recuerdo y tengo muy presente cómo el 21 de agosto de 1991, el Secretario de Comercio, quien entonces era Jaime Serra Puche, afirmó, y lo retomo del evento donde se dio a conocer esta conclusión de los resultados de la negociación, afirmó que el campo mexicano contaría con un plazo suficientemente largo para lograr un ajuste equilibrado, garantizando el acceso libre de las exportaciones libres a los Estados Unidos y al Canadá, dando certidumbre a los productores mexicanos.
Insistió en que se aseguraría el acceso a insumos en condiciones de competitividad internacional, y se establecería un sistema de apoyos directos para sustituir los mecanismos de protección comercial, propiciando un cambio de cultivos hacia aquellos que generan mayores ingresos.
Estos fueron los seis puntos a partir de los cuales los negociadores del gobierno federal aceptaron entrar a un proceso de negociación de sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio. Ninguno de esos seis puntos se cumplió, no se logró el equilibrio esperado ni se garantizó el acceso libre a las importaciones a Estados Unidos ni a Canadá, al grado de que hoy el déficit en la balanza comercial agropecuaria es de 2 mil millones de dólares anuales.
Ya en aquellos años hablábamos de las enormes disparidades en la competitividad. En 1991, para que se den cuanta de la enorme disparidad no solamente en nuestras economías, sino entre nuestras culturas, en 1991 yo insistí en que era imposible competir con el nivel de asimetrías que teníamos en el campo.
Por ejemplo, en ese año de 1991, en Estados Unidos dos millones y medio de productores cultivaban 26 millones de hectáreas de maíz, con rendimientos de 7.48 por toneladas por hectárea, mientras que en México 2 millones setecientos mil productores, es decir 200 mil productores más cosechaban 6 millones 800 mil hectáreas, muy por debajo de los más de 26 millones que se cultivaban en Estados Unidos y con un rendimiento de 1.07 toneladas por hectárea. Es decir, cinco veces y media menor al del Estados Unidos.
Y esto, evidentemente, da cuenta que es muy difícil no solamente las condiciones de competencia, sino cumplir con esas premisas que se habían establecido, y esto trajo consigo cambios, además, de un escenario desfavorable, cambios en nuestra legislación de nuestro país. La firma del Tratado implicó reformas en el marco legal, su alineamiento a los principios de liberación del comercio, el retiro del Estado del fomento rural, la privatización de empresas y la contracción del gasto.
Esto significó el desmantelamiento de todas las instituciones de fomento al desarrollo rural. Ustedes recordarán cómo desapareció básicamente PORUCONSA, CONASUPO, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, cómo se desplomó la actividad del Banco Rural (BANRURAL), cómo los institutos de capacitación y desarrollo tecnológico prácticamente desaparecieron. Y dentro de los aspectos que se desmantelaron de las instituciones al fomento rural eliminaron los precios de garantía y se retiraron los subsidios, mientras que en los Estados Unidos y en Canadá se incrementaron los subsidios a los productores agrícolas.
De acuerdo a un dato de la OCDE, no son datos del PRD, los subsidios del gobierno de los Estados Unidos a sus agricultores representan un promedio de 21 mil dólares anuales por productor, mientras en México no llega ni a 700 dólares. Los subsidios totales a los productores de Estados Unidos son del orden de 99 mil millones de dólares al año, mientras que el presupuesto total para el campo mexicano para este año 2008 asciende a 19 mil millones de dólares.
Es decir, solamente hay una defensa de 70 mil millones de dólares entre lo que son los subsidios a los productores estadounidenses frente al presupuesto total del sector desarrollo rural, que implica hasta los gastos de operación, los adeudos de todos los funcionarios. En este mismo escenario, el gobierno mexicano no cobró los aranceles establecidos en el Tratado de Libre Comercio.
En esta lógica de hacer más competitivas y equilibradas agriculturas se abrió un plazo de 14 años donde se iban a cobrar aranceles a las importaciones de productos agrícolas de los Estados Unidos a México, y el gobierno federal no los cobró. La pérdida de estos aranceles no cobrados a las importaciones de maíz significaron más de cuatro mil millones de dólares, que es el mismo monto del presupuesto total a la SAGARPA el año 2006, el año pasado. Y estos recursos, más de cuatro mil millones de dólares para aranceles, estaban previstos canalizarlos a la reactivación de la actividad productiva en el campo mexicano.
Esto ha traído consecuencias gravísimas. De acuerdo a cifras oficiales, se perdieron 2 millones de empleos en agricultura, la exportación que tanto dijimos que íbamos a competir a grandes niveles se encontró en 5% de las unidades productivas del sector rural, solo el 5% de las tierras cultivadas, el campo mexicano están en el proceso de exportación.
El Banco Mundial reconoce que los índices de indigencia en el agro mexicano superan a los de hace una década, por lo que hoy ocho de cada 10 campesinos se encuentran en condición de pobreza. Se ha venido perdiendo la seguridad lamentaría y la seguridad campesina.
Durante la última década la importación de maíz pasó del 3 al 50 por ciento del consumo. La importación de soya actualmente es del 95 por ciento del consumo nacional; lo mismo sucede en el trigo, con el 57 por ciento, y en la carne el 50 por ciento de la carne que se consume en México, así como el 50 y 30 por ciento del fríjol que consumimos.
Agencias de los Estados Unidos indican que el comercio entre ambos países sólo hubiera sido 3 por ciento menor sin el Tratado de Libre Comercio, y las exportaciones, que se habían anunciado se iban a diversificar, se han concentrado fundamentalmente en tomate, en tequila y en un reducido número de hortalizas. Y estas exportaciones las realizan fundamentalmente 20 grandes corporaciones, que son: Bachoco, Monsanto, Bimbo… prácticamente empresas con connotación extranjera.
¿Qué hacer ante esta situación? Yo tengo tres propuestas puntuales......
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